Mercedes Alaya Rodríguez, abogada y magistrada. Nació en Écija (Sevilla).
Desde 1998 ha sido la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla donde ha dirigido la investigación de varios casos que han tenido grandes repercusiones mediáticas en España: el de la venta del equipo de fútbol Real Betis Balompié, el llamado "Caso ERE", que investigó la posible malversación millonaria de fondos públicos desde la Junta de Andalucía a empresarios, sindicatos, antiguos cargos del PSOE, bufetes de abogados y consultoras, y el Caso Mercasevilla, que originó el escándalo de los ERE.
La sentencia, que está recurrida, del caso ERE, que ha sido una de las mayores causas sobre la corrupción en nuestro país, ha reconocido expresamente el "esfuerzo y diligencia" de la magistrada sevillana, que instruyó e investigó durante años la trama y estuvo sometida a todo tipo de presiones políticas.
Familia. Su padre que tenía buena posición económica falleció de forma repentina con solo 50 años de edad. Tuvo un hermano mayor que ella que falleció en accidente de moto, cuando tenía 34 años, y tiene varias hermanas. Está casada con Jorge Castro García, que es abogado y auditor. Tiene cuatro hijos: Elena, Jorge, Patricia y Carlos.
Formación. Se licenció en Derecho que estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.
Trayectoria profesional. En 1988 con 25 años aprobó las oposiciones a juez y comenzó su carrera judicial en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Carmona (Sevilla) en donde permaneció por un período de dos años.
En 1990 cambió su residencia a Fuengirola (Málaga), estando destinada en el Juzgado de Primera Instancia número 4 y en donde tuvo su primer caso de repercusión mediática, porque procesó al alcalde socialista, de Fuengirola, Sancho Adam por presunta malversación de fondos públicos.
En 1992, consiguió un destino Sevilla como titular del Juzgado de Primera Instancia número 20 y, seis años más tarde, en 1998, le fue asignada la titularidad del Juzgado de Instrucción número 6 de la capital hispalense.
En 2015, la magistrada Alaya obtuvo plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla, y solicitó que se retrasara su incorporación , “hasta que la instrucción del Caso ERE no estuviese concluido para no causar un importante menoscabo al servicio público que se presta”. La Comisión Permanente del CGPJ, acordó que no cesase en el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital andaluza, hasta que un nuevo titular se incorpore al mismo.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informó favorablemente la petición de prórroga solicitada y consideró que “habría de extenderse temporalmente, al menos, hasta la toma de posesión del nuevo magistrado que se incorpore a dicho Juzgado de Instrucción”.
Trayectoria mediática. Su popularidad mediática comenzó con el “caso Betis” y aumentó mucho cuando inició la instrucción del “caso ERE”. Por su desempeño profesional la han llamado la dama de hierro de la justicia española; la han descrito con adjetivos como distante, imparable y perseverante o discreta, trabajadora e inteligente, mientras que por su carácter y por su aspecto físico la han considerado como enigmática y elegante.
Casos mediáticos instruidos.
Caso Betis. El llamado Caso Betis o Caso Lopera comenzó su instrucción en 2008, cuando Alaya Rodríguez recibió una denuncia por parte de la Fiscalía de Sevilla sobre un desfalco en las finanzas del equipo de fútbol Real Betis Balompié. La investigación se ha centrado en dos vertientes, la gestión del presidente del Club y la venta del equipo, la cual detuvo en 2010. En esta vertiente de la investigación, uno de los imputados había solicitado una recusación para que la jueza fuera separada del caso, aunque su petición fue rechazada por la Audiencia Provincial de Sevilla. Este caso es considerado como el que inició su popularidad mediática en 2010, cuando retiró de la presidencia del Betis a Manuel Ruiz de Lopera, quien había ocupado el cargo alrededor de 18 años.
Caso ERE. El llamado Caso ERE es una investigación en torno a una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, cuando era gobernada por el PSOE, por presuntas irregularidades con los llamados expedientes de regulación de empleo (ERE) a lo largo de una década y con un fondo de ayuda económica a empresas en crisis. La investigación se originó a partir de otra investigación relacionada con la empresa Mercasevilla, en la que se detectaron prejubilaciones aparentemente fraudulentas, llevadas a cabo desde 2001. Por este caso, cuyo desarrollo tiene implicaciones políticas mayores, Alaya Rodríguez comenzó a recibir mayor atención mediática y tanto su desempeño laboral como su vida privada han sido escrutadas con mayor detalle.
En septiembre de 2012 tuvo que retirarse de la instrucción en su juzgado a causa de una neuralgia del trigémino. Su ausencia se prolongó seis meses. Durante su ausencia fue sustituida por varios magistrados.
Mercedes Alaya Rodríguez regresó al juzgado en la primera semana de marzo de 2013 y su retorno generó roces y diferencias de opinión con los jueces sustitutos que habían sido nombrados por el TSJA, ya que había manifestado su intención de continuar instruyendo los cuatro casos principales de su Juzgado con solamente un auxiliar, sin distribuirlos entre otros jueces. El mismo mes, el TSJA reconoció la titularidad de Alaya al frente del juzgado y decidió mantener al juez Rogelio Reyes como su auxiliar por un período de seis meses.
En los medios se ha mencionado que Alaya Rodríguez y la Junta de Andalucía, gobernada entonces por el PSOE, han mantenido un enfrentamiento constante durante casi la totalidad de la instrucción de este caso. De igual forma, se ha considerado que la jueza ha sido objeto de ataques políticos con el fin de desacreditar su trabajo y, así, retirarla del caso ERE.
Caso Mercasevilla. Este caso es el que dio origen al caso ERE y se instruyó en dos partes, las cuales son consideradas casos separados La instrucción de la primera de ellas se inició con la denuncia presentada por la Fiscalía de Sevilla en el Juzgado dirigido por Alaya Rodríguez por un supuesto caso de extorsión por parte de dos directivos de la compañía pública hispalense Mercasevilla a dos empresarios hosteleros en 2009, quienes deseaban instalar una escuela de hostelería en terrenos de su propiedad. En este apartado del caso se incluye también la investigación por la venta de terrenos de la misma empresa.
La segunda parte del caso, derivada de la primera y también con repercusiones políticas desde su inicio, investigó un supuesto delito de naturaleza fiscal que habría tenido lugar durante administraciones anteriores de la compañía. El supuesto delito había sido descubierto por una auditoría realizada en 2008 a la empresa y con la cual se descubrieron gastos sin justificar y una pérdida contable de 1,5 millones de euros.
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